Por Alberto J. Olvera de Proceso.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Enrique Peña Nieto y el PRI ganaron las elecciones con un fuerte déficit de legitimidad y sin lograr la mayoría parlamentaria. La gobernabilidad, esa ansiada meta de su abusiva campaña, se muestra elusiva. El presidente electo llega al poder con un importante cuestionamiento moral, obligado a pactar con los poderes fácticos, y en la urgencia de reformar áreas completas del Estado mexicano tan sólo para darse a sí mismo unos años de gobernabilidad y evitar un rápido deterioro de un Estado en proceso de descomposición. Es dudoso que pueda salir de los laberintos políticos que él mismo ayudó a construir, por lo que la restauración que su triunfo representa será precaria e inestable.
El patético desempeño de las instituciones, ante todo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no ayuda a Peña Nieto a superar el déficit de legitimidad que tiene frente a los sectores más informados de la sociedad. Ambas instituciones actuaron en la peor tradición de la justicia mexicana: pusieron en la víctima la carga de la prueba, sin investigar por sí mismas, como podrían y deberían hacerlo conforme a sus potestades legales, los patentes delitos en que incurrió el PRI en el proceso electoral. Las penosas resoluciones del máximo tribunal electoral no pueden más que alimentar la sensación de abuso y violación de derechos que experimenta un significativo sector de la sociedad.
El grupo de Peña Nieto decidió pasar por encima de leyes e instituciones apostando por una victoria arrasadora que garantizara al PRI la mayoría absoluta en las cámaras de senadores y diputados, de tal forma que el nuevo presidente pudiese realizar todas las reformas que considerara pertinentes sin verse sometido a negociaciones costosas. Se trataba básicamente de completar las reformas del ciclo neoliberal que fueron detenidas por el propio PRI a lo largo de los dos gobiernos panistas (las relativas al ámbito laboral y fiscal, así como a la apertura de Pemex a la inversión privada), necesarias para dar viabilidad a la frágil economía nacional, y algunas reformas políticas que, sin poner en riesgo la hegemonía priista, permitieran modernizar algunos aspectos del Estado mexicano (reformas del federalismo, de lo penal, la correspondiente al reflotamiento de las agencias reguladoras, y, tal vez, otra electoral). Esta última agenda ha quedado por ahora pospuesta, ante la urgencia de modificaciones que atiendan los vicios más patentes del reciente proceso electoral, y que resuelvan el déficit de legitimidad originario: la “agencia anticorrupción”, el fortalecimiento de la agencia federal de trasparencia y la regulación de la publicidad gubernamental en los medios.
Hay un problema aquí: ¿Con qué autoridad moral puede Peña Nieto proponer la creación de una Comisión contra la Corrupción? ¿Acaso no es demasiado cinismo aceptar que urge regular la relación entre gobierno y medios de comunicación después del pacto Televisa-Peña Nieto?; más descaro aún se requiere para proponer el “fortalecimiento” del IFAI con el fin de que obligue también a los estados a “transparentarse”, después de que el PRI de Peña permitió que Calderón minimizara y sobajara a la institución, además de que en todos los estados los gobernadores se burlan de la transparencia y de la rendición de cuentas.
Ahora bien, dado que el PRI no alcanzó la ansiada mayoría parlamentaria, y puesto que varias de las reformas necesarias requieren cambios constitucionales, el PRI se verá obligado a negociar con el PAN la agenda de fondo. Pero, ¿con qué bases pueden los peñistas pedir cooperación al PAN después de que bloquearon a Calderón varias de las reformas que ahora pretenden impulsar?
Para salir de estas contradicciones, parece estar en marcha un maquiavélico pacto entre Peña y Calderón para impulsar desde ya las reformas políticas de coyuntura y la reforma laboral, de tal forma que Calderón reciba el “mérito histórico” sobre ellas y el PAN sea forzado a apoyarlas, en la hipótesis de que el PRI también se disciplinará a las órdenes del presidente electo. Urge materializar el pacto ahora que Calderón aún controla el PAN. No sabemos qué suerte tendrá esta primera apuesta a la negociación a espaldas de la nación. Pero sin duda el PAN y el PRI saldrán lastimados y divididos.
La clase política busca oxígeno en sus pactos intra-élite, mientras la sociedad civil reacciona todavía con debilidad y sin rumbo claro. Lo cierto es que las afrentas son muchas; los problemas, muy profundos, y los espacios de acción del Estado, estrechos. El conflicto será la regla de los meses por venir, por lo que la plena restauración no podrá consumarse.
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Por Victor Hernández de Blog de Izquierda.
Hace algunos días dije en esta columna que para hacer cortina de humo sobre porquerías que contiene la reforma laboral, el PAN y el PRI harían básicamente una pantomima en la cual hacían como que se peleaban sobre la falta de transparencia en los sindicatos. Una especie de "puto tú, no más puto tú" entre el PRI y el PAN para distraer a la opinión pública y hacer que creamos que la reforma laboral es sólo eso.
Ayer, por ejemplo, el PAN salió precisamente a quejarse por el tema de la transparencia sindicali. De acuerdo con Reforma, el coordinador del PAN en San Lázaro, Luis ALberto Villarreal, dijo:
"Cada quien cargará con sus costos, yo escucho que el Presidente electo nos dice 'voy a proponer una iniciativa para que haya transparencia, voy a proponer una iniciativa que combata la corrupción' y también escuché que dijo que no tiene amigos.
"Bueno, pues vamos a ver en qué sentido vota su partido, si vota a favor de la transparencia, si vota a favor de combatir la corrupción al interior de los sindicatos y si efectivamente no tiene amigos a los que vaya a defender".
¿Y ya? ¿Ese es TODO el problema del PAN con la reforma laboral?
No me malinterpreten. Los trabajadores sí deberían poder elegir a sus dirigentes sindicales por medio del voto secreto, y sí deben los sindicatos tener transparencia, pero lo de los sindicatos es apenas la punta del iceberg. Vean toda la porquería que tiene la reforma laboral en este fragmento de un discurso pronunciado ayer en la Cámara de Diputados por Martí Batres precisamente en el tema de la reforma laboral:
El PAN introduce el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores, eufemísticamente llamada flexibilización laboral, la fragmentación del salario y del empleo y el PRI mantiene intacto el viejo corporativismo sindical.
Las propuestas del PRD se encuentran fuera de este documento. Nosotros nos preguntamos: ¿y el voto universal y secreto para elegir a los dirigentes y las dirigentes sindicales dónde está?
La desaparición de las juntas de conciliación y su sustitución por jueces de tribunales laborales, el seguro de desempleo, el salario mínimo fijado por la Cámara de Diputados y no por una comisión técnica, la igualdad sustantiva entre trabajadoras y trabajadores, ¿dónde está?
La transparencia de los recursos públicos entregados a los sindicatos, ¿dónde están? Ninguna de las propuestas de avanzada se encuentran en este documento que estamos discutiendo. Es un documento que combina lo peor.
Ratifica, el documento a discusión, lo que plantea la iniciativa de Felipe Calderón impulsada también por Enrique Peña Nieto. Anula la estabilidad del empleo, facilita la imposición de bajos salarios, condiciona la permanencia en el empleo a la productividad, desaparece los contratos de planta, anula el pago de indemnizaciones por despido al preveer todo tipo de contratos temporales.
Abusa de los contratos a prueba, de capacitación inicial y de labores discontinuas, legaliza las renuncias en blanco al no prohibirlas; pulveriza el salario volviéndolo infinitesimal al preveer los contratos por hora.
Legaliza la libre subcontratación, las llamadas empresas outsourcing, generando un mundo de ficción. Anula las posibilidades de construir seguridad social, jubilación y prestaciones, pues trabajadoras y trabajadores no tendrán la permanencia necesaria para poder construir su futuro.
Acorta el pago de salarios caídos a un año, permite despidos arbitrarios, cancela todo tipo de protección a trabajadores domésticos, le da al patrón el poder de decidir si se ha comportado un trabajador de manera equivocada con clientes y proveedores.
Se legaliza el trabajo multiusos, retira la obligación del patrón de la entrega personal del aviso del despido por escrito, permite a la autoridad determinar si se estalla una huelga o no en definitiva. Desaparece de la ley las tablas de enfermedades y riesgos de trabajo.
Permite el aumento de accidentes de trabajo al condicionar y presionar el empleo a cambio de mayor productividad, cancela el carácter tutelar de la ley a favor de las y los trabajadores y privatiza las relaciones laborales al dar al patrón la potestad de decidir el cumplimiento de la normas laborales que se encuentran aquí.
La reforma que se propone es una contrareforma, es una regresión a condiciones jurídicas previas al siglo XX y a la Revolución Mexicana. No es una reforma de futuro, no es modernizadora, no es democratizadora.
Si el PAN y el PRI quieren seguir con su pantomima de hablar solamente de los sindicatos, seamos nosotros entonces los que les digamoa "YA DEJEN DE ESTARNOS QUERIENDO VER LA CARA. Esa reforma tiene chingaderas mucho peores y si la aprueban les vamos a retirar el voto en 2015."
Por que ese es el otro detalle: Si el PAN y el PRI imponen la reforma laboral, la única manera de echarla para atrás será votando en 2015 por la izquierda y de esa manera asegurar que tengan mayoría en San Lázaro para echar abajo a la iniciativa calideronista.
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El pasado lunes 24 de septiembre, amanecimos con la noticia de que Aleph Jiménez vocero del movimiento #YoSoy132 en Baja California Sur, se encontrada desaparecido.
Este hecho, se suma a la desaparición forzada de Ruy Salgado, comentarista del medio alternativo el 5anturio; quien desde el pasado 8 de septiembre se desconoce su paradero.
De igual manera, el partido político Movimiento Ciudadano ha declarado que el Coordinador del Movimiento de Jóvenes en el Distrito Federal, Luis Enrique Castañeda; de Diego Antonio Maldonado y Ana Belem Sánchez; fueron "levantados". Los tres jóvenes se hallaban en Paracho impartiendo talleres para niños en el marco del Festival Internacional de Globos de Cantoya, que se celebró en esa localidad del 19 al 21 de julio, invitados por la Casa para el Arte y la Cultura Purépecha.
Luis Enrique Castañeda es comunicólogo de profesión, trabaja en Movimiento Ciudadano, antes Convergencia desde hace más de seis años, anteriormente se desempeñó como coordinador de jóvenes de ese instituto político en la delegación Tlalpan y participa en los círculos de estudio “Idea Progresista”, así como en la vida estudiantil de la Universidad de la Ciudad de México. Diego Maldonado y Ana Belem Sánchez son psicólogos, los tres participan en la organización “Kid Science” (organización enfocada a impartir cursos de ciencia para niños).
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